La **estabilidad laboral** ha sido, y sigue siendo, un pilar fundamental en las relaciones de trabajo, especialmente en un contexto como el ecuatoriano, donde la protección del empleo es un derecho constitucional. Sin embargo, eventos inesperados como una **crisis sanitaria** global pueden poner a prueba los cimientos de esta estabilidad, obligando a empleadores y empleados a navegar un terreno legal y económico sin precedentes. La pandemia de COVID-19 sirvió como un claro ejemplo de cómo la legislación laboral tuvo que adaptarse rápidamente para responder a las nuevas realidades, buscando un equilibrio entre la supervivencia empresarial y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores.

En momentos de crisis, el marco jurídico se convierte en la brújula para tomar decisiones difíciles. Se activan mecanismos como la **fuerza mayor**, la **suspensión de contratos** o la **reducción de jornadas**, herramientas que, si bien permiten a las empresas mitigar los impactos económicos, deben aplicarse con estricto apego a la ley para evitar abusos y garantizar la proporcionalidad. Comprender estas figuras legales es crucial para ambas partes de la relación laboral.